El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación por 289 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Todos los grupos, salvo IU-ICV y UPyD, han apoyado las 45 enmiendas procedentes del Senado.
 
La nueva Ley aprobada en el Congreso tras dos años de tramitación parlamentaria sustituirá a la Ley de la Ciencia de 1986 y, según el Gobierno, apuesta por la I+D+i y el cambio de modelo productivo. Además, “el amplio consenso de los grupos parlamentarios garantiza que la Ley durará muchos años y que extenderá sus beneficios en el tiempo con independencia de los ciclos políticos”, ha asegurado la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia.
 
El Gobierno afirma que la nueva normativa incluye una carrera científica estable, predecible y basada en méritos,capaz de retener y atraer talento, y que facilita la movilidad de los investigadores; promueve la innovación y la transferencia de conocimiento al sector empresarial y a la sociedad y contempla la creación de una Agencia Estatal de Investigación que garantizará una mayor eficiencia y eficacia del gasto público en I+D.
 
En palabras de la ministra, ex directiva y asesora de la CEOE y la Fundación Botín, Cristina Garmendia, “los ciudadanos comienzan a convencerse de que la ciencia puede ser una seña de identidad de España” y “con la nueva norma habrá más posibilidades para una nueva generación de investigadores, emprendedores y profesionales de la innovación”.
 
Objetivos de la Ley
 
La nueva Ley de la ciencia pretende, según el Ministerio, conseguir más participación de la empresa privada en actividades de investigación, más trabajo estable para los jóvenes investigadores y más calidad en la ciencia española, a través de una apuesta definitiva e irreversible por la investigación de excelencia.
 
Además, el texto consagra la política de innovación como una política pública imprescindible para dar respuesta a las necesidades empresariales en materia de competitividad, al tiempo que recoge aspectos transversales, pioneros en muchos aspectos,como el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica, en particular garantizando que no se produzcan sesgos ni discriminaciones negativas por cuestión de género.
 
Principales puntos de la Ley
 
La ley incluye un nuevo modelo de contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá, cumpliendo criterios de excelencia, incorporarse al sistema público de I+D. También se creará el denominado contrato de investigadores distinguidos, al que se podrán acoger los agentes que quieran contratar investigadores de reconocido prestigio. Además, se recoge la sustitución de las becas por contratos desde que los investigadores comienzan el doctorado, algo que muy pocos países contemplan.
 
Con la nueva ley se crea laAgencia Estatal de Investigación, que dotará de mayor autonomía, flexibilidad y agilidad a la actividad científica y al mismo tiempo tendrá encomendada la misión de garantizar el control sobre la gestión de los fondos públicos. En lo relativo al control de los fondos, el Ministerio no ha explicado si habrá alguna vinculación entre la nueva agencia y el Tribunal de Cuentas, organismo teóricamente encargado de dicha función.
 
Asimismo, el texto incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público privada con fines de naturaleza diversa, entre ellos el avance científico y tecnológico y la transferencia de conocimiento al sector productivo.
 
Los investigadores la critican
 
A pesar del importante despliegue institucional relativo a la ley, los expertos en investigación no están satisfechos con la misma. Según la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE) y la Plataforma ‘Investigación Digna’, la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovaciónes deficiente en lo relativo a la carrera científica de los investigadores, así como en la reorganización del sistema.
 
Por su parte, la Federación de Jóvenes Investigadores afirma que la ley no supondrá la estabilidad de los científicos. Para este colectivo se ha perdido una oportunidad única para mejorar el sistema de I+D+i de este país, ya que la nueva ley “no garantiza ni el fin de las becas que encubren puestos de trabajo, ni la estabilización de quienes ya han demostrado su talento investigador”.
 
El presidente de la Confederación COSCE, Joan Ginovart, se ha mostrado en palabras a Europa Press crítico con un texto que mantiene un modelo de carrera funcionarial “que a la Cosce no le parece lo mejor”, y que “no propone una reorganización del sistema que tarde o temprano debe producirse”.
 
Para la Plataforma Investigación Digna el nuevo texto “se preocupa más de la gobernanza que de los investigadores”, en referencia a los consejos y comités que la ley crea o amplía: el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Comité Español de Ética de la Investigación y la Agencia Estatal de Investigación. Esta plataforma señala que, aunque son medidas necesarias, no se presta atención a “los investigadores que van a generar el conocimiento científico que todos estos consejos y comités van a regular”.
 
La implantación de la nueva normativa costará a los españoles cerca de 40 millones de euros, de los que 10 estarán destinados a la reorganización de los Organismos Públicos de Investigación (OPI).
 
Según la portavoz de la citada plataforma, Amaya Moro-Martín, en declaraciones también a Europa Press, la nueva Ley de la Ciencia deja a los profesionales “a la deriva” porque el nuevo contrato de acceso “no viene ligado a ningún tipo de garantía de que existan oportunidades de estabilización para los investigadores que superen las evaluaciones establecidas”, si no que es “simplemente un contrato temporal de cinco años”.

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Más información:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Confederación de Sociedades Científicas de España
Plataforma Investigación Digna
Federación de Jóvenes Investigadores
 
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