El Gobierno sienta nuevas bases para el acceso a la Abogacía

Ya no será suficiente con obtener la licenciatura de derecho y colegiarse. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la norma que a seis años vista obligará, entre otras cosas, a una prueba de aptitud profesional y, a las diferentes Escuelas de Prácticas Jurídicas, a cumplir con ciertos requisitos legales en cuanto a su programa formativo, muy en particular respecto a la carga práctica. Todos han coincidido en calificar la nueva ley de enormemente beneficiosa para el colectivo y para la sociedad.

NP-Fermín Gómez - Redacción Mastermas - 30/12/2005

El Gobierno sienta nuevas bases para el acceso a la Abogacía

Sin ninguna novedad destacable, por fin el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 23 de diciembre, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el proyecto de ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, que no hace sino ratificar en lo esencial el anteproyecto aprobado el pasado mes de julio. Se confirma, como ya se había dicho, que esta norma no entrará en vigor hasta seis años después de su aprobación definitiva a fin de de preservar las expectativas adquiridas por los estudiantes que se encuentran actualmente cursando sus estudios de Derecho.

 

Aunque venían pidiendo reducir esa 'vacatio legis' a menos de seis años, los Colegios de Abogados de España, en boca del presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, se han mostrado muy satisfechos con la aprobación de este proyecto de ley, pues recoge aspectos que el colectivo venía reclamando hace más de un siglo, al tiempo que "vendrá a poner fin, cuando sea aprobada por el Parlamento y entre en vigor, a una situación de excepción, ya que España es el único país de Europa que no tiene regulado este acceso, adicional y diferente de la formación teórica proporcionada por la Universidad". También se han felicitado de ver reforzado el papel de los Colegios de Abogados y de Procuradores en el nuevo proceso formativo obligatorio previo al acceso a la profesión.

 

El objetivo fundamental de esta ley es regular una nueva forma de acceso práctica y especializada al ejercicio de la Abogacía y de la Procura, que a la postre ofrezca mayores garantías a los ciudadanos de que recibirán un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad. Asimismo, permitirá homologar a los profesionales españoles para que puedan ejercer en el marco europeo pues, no en vano, esta vía de acceso al ejercicio profesional que se introduce ahora en España está ya vigente en la mayoría de países de la Unión Europea.

 

El ejercicio de la Abogacía y el de la Procura precisarán de la obtención de una titulación específica: título profesional de Abogado y título profesional de Procurador de los Tribunales, respectivamente. Para la obtención de los nuevos títulos, habrá que superar un proceso de formación especializada de carácter esencialmente práctico, que garantice que tales profesionales del Derecho gozan de la capacitación técnica y práctica precisa para el desempeño de sus funciones en el asesoramiento y la actuación ante tribunales.

 

Se establece que, como máximo, un tercio del contenido formativo debe realizarse a través de prácticas externas en el ámbito de la Abogacía o de la Procura. No hay período de pasantía, pues este período de prácticas se configura como una parte de los cursos formativos, sin que el llamado "pasante" pierda su condición de alumno. Con el fin de integrar a las Escuelas de Prácticas Jurídicas y a los Colegios de Abogados y de Procuradores en este estadio de formación especializada, la Ley también prevé que estos centros deberán celebrar un convenio de colaboración con alguna universidad para impartir los cursos de acceso a la evaluación. Se establece, asimismo, que, al menos, la mitad del profesorado esté compuesto por profesionales colegiados, y que las prácticas se realicen bajo la tutela de un Abogado o Procurador con un ejercicio profesional superior a cinco años, según se dirija a la formación para el ejercicio de la Abogacía o de la Procura.

 

Los Ministerios de Justicia y Educación y Ciencia serán los encargados de convocar las Comisiones de Evaluación de la aptitud profesional, cuya composición será única en el territorio de una misma Comunidad Autónoma. Estas Comisiones de Evaluación estarán compuestas por representantes de los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia, miembros designados a propuesta de la respectiva Comunidad Autónoma y del Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. La prueba de evaluación tendrá el mismo contenido en todo el territorio nacional y su convocatoria será, como mínimo, anual, sin que se pueda establecer un número limitado de plazas de acceso.

 

En la disposición adicional segunda, se expresa que la ley no constituye obstáculo para que los Licenciados o Graduados en Derecho sin título profesional de Abogado puedan informar jurídicamente en aquellos supuestos que no esté formativamente reservado a un Abogado. En la disposición final se establece una 'vacatio legis', de tal modo que el nuevo título profesional no será exigible a quienes ya estuvieran incorporados a un Colegio de Abogados o de Procuradores en el momento de entrada en vigor de la ley, es decir, antes de que se cumplan los seis años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Los licenciados en Derecho podrán inscribirse en el Colegio de Abogados en los términos que establezca el Estatuto de la Abogacía, lo que les permitirá informar en Derecho. Respecto al anteproyecto, desaparece la figura del consultor legal, algo que habían pedido los Colegios de Abogados.

 

 

 

Enlaces de interés:

 

Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

 

Ministerio de Justicia

 

Documento sobre las ventajas de la Ley de Acceso a la Abogacía (Julio de 2005)